Piden abrir una nueva investigación sobre el caso Ayotzinapa

04/12/2012 - 5:37 pm

Chilpancingo, 4 Dic. (Notimex).- El ex procurador de Justicia de Guerrero, Alberto López Rosas, y el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Jorge Salazar Marchán, se pronunciaron para que se abra una nueva investigación sobre el caso de la Normal de Ayotzinapa y se castigue a los responsables.

López Rosas acudió hoy a un encuentro con integrantes del grupo Cuicalli a presentar su libro “Verdades, sesgos y falsedades, una infamia desde el poder”, sobre la muerte de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, al ser desalojados el 12 de diciembre del 2011 sobre la Autopista del Sol por elementos policiales.

En el encuentro consideró necesario abrir una nueva investigación, lo que sugerirá al nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de dar con los verdaderos responsables de la acción, porque el ex funcionario estatal se mantiene en la postura de que fueron agentes federales quienes agredieron a los normalistas.

A López Rosas y al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, Ramón Almonte Borja, se les sigue un proceso de juicio político por los hechos, a recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El diputado local del PT, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado, Jorge Salazar Marchán, consideró necesaria una nueva investigación y calificó como apresurada la recomendación de la CNDH y el inicio de juicio político contra los ex servidores públicos, “porque no se ha agotado la investigación”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Instructora del Congreso estatal, Omar Jalil Flores Majul, informó que en esta semana comparecerá uno de los dos procesados en el juicio político, luego de que ayer presentara sus pruebas ante el Poder Legislativo.

El legislador destacó que serán citados a comparecer los personajes que están involucrados en el caso, para que aporten elementos con el fin de emitir una resolución conforme a la legalidad, lo que incluye a las autoridades de la PGR y de la CNDH.

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